Base imponible concesión administrativa: el ITP suma las reglas principales que apliquen (precio total, canon capitalizado al 10 % y bienes revertibles) y solo usa las subsidiarias si no bastan. El tipo supletorio es el 4 %, el devengo coincide con la resolución o la formalización y la autoliquidación se presenta en 30 días hábiles.
Sujeto pasivo de la concesión administrativa en el ITP
En la concesión administrativa, el concesionario paga el impuesto a título de contribuyente, sean cuales sean las estipulaciones en contrario entre las partes. En los actos y contratos administrativos equiparados a la concesión, el sujeto pasivo es el beneficiario. Así lo disponen el texto refundido de la Ley del ITP y AJD (RDLeg 1/1993, de 24 de septiembre) y su Reglamento (RD 828/1995, de 29 de mayo).
Base imponible concesión administrativa: reglas principales
La normativa agrupa las reglas de la base en dos bloques: las principales, a las que se acude en primer término, y las subsidiarias, solo si con las primeras no se puede determinar el valor. El hecho imponible se basa en la cesión de derechos de la autoridad pública a un particular, y su valor se mide por la contraprestación que el particular satisface a la Administración, ya sea canon, reversión u otra.
Las reglas principales no tienen orden de preferencia y son acumulativas. A un mismo supuesto pueden aplicarse una o varias, según encajen con las obligaciones del concesionario, y si concurren varias la base es la suma de los valores obtenidos con cada una.
| Regla principal | Cuándo se aplica | Cómo se calcula |
|---|---|---|
| Cantidad total | La Administración fija un precio o canon global | Por su importe |
| Canon periódico de hasta un año | Canon, precio, participación o beneficio mínimo periódico | Suma total de las prestaciones |
| Canon periódico superior a un año | Mismo supuesto, con duración mayor | Capitalización al 10 % según el plazo de la concesión |
| Reversión de bienes | El concesionario debe revertir bienes determinados | Valor neto contable estimado a la fecha de reversión, más los gastos previstos |
La capitalización del canon se hace con un sistema de capitalización compuesta que tiene en cuenta el plazo concreto de la concesión. Si la cantidad anual varía solo por cláusulas de revisión con índices objetivos, se capitaliza la del primer año. Si varía por otras circunstancias cuya razón matemática se conoce al otorgarla, se toma la media anual.
En cuanto a los bienes revertibles, el valor neto contable se calcula con las tablas de amortización aprobadas a efectos del Impuesto sobre Sociedades, en su porcentaje medio. Este concepto es propio del impuesto y distinto del contable. Se aplica incluso si el resultado es cero, y solo pueden sumarse los gastos previstos para la reversión.
Las reglas de cantidad total y de canon periódico son por definición incompatibles, mientras que cada una puede combinarse con la de bienes a revertir. La contraprestación completa del concesionario no se limita al canon en metálico: puede incluir equipamientos, prestaciones complementarias y canon en especie.
Ejemplo ilustrativo de base imponible de una concesión
Una concesión administrativa de servicio público de 20 años fija un canon mínimo de 50.000 euros anuales. El concesionario debe revertir bienes con un valor neto contable estimado, según las tablas del Impuesto sobre Sociedades, de 300.000 euros, y se prevén 20.000 euros de gastos de reversión. Se aplica el tipo supletorio del 4 %.
- Canon capitalizado al 10 % durante 20 años: 425.678,19 euros.
- Reversión: 300.000 euros más 20.000 de gastos, es decir, 320.000 euros.
- Base imponible total, por suma de ambas reglas: 745.678,19 euros.
- Cuota al 4 %: 29.827,13 euros.
Si la concesión durara 10 años, el mismo canon capitalizado al 10 % daría 307.228,36 euros. El plazo es, por tanto, un dato decisivo, y de ahí que se incluya en la capitalización. Para contrastar estos cálculos puede servir el análisis de métodos de valoración de empresas.
Reglas subsidiarias para fijar la base de la concesión
Si por la naturaleza de la concesión la base no puede fijarse con las reglas principales, se acude a las subsidiarias, que son excluyentes entre sí y se aplican por orden. Primero se toma un 2 % por cada año de duración sobre el valor de los activos fijos afectos, con un mínimo del 10 % y sin superar el valor de los activos. Después, la valoración de la Administración, y en su defecto el valor declarado, que puede comprobarse.
En el activo fijo cuentan el inmovilizado material e intangible destinado de forma duradera a la actividad, salvo la propia concesión, y no el activo corriente. Debe ser patrimonio del concesionario. Como el plazo de autoliquidación es breve, el cálculo se fundamenta en el presupuesto de gastos de primer establecimiento.
| Duración de la concesión | Base imponible sobre el activo fijo computable |
|---|---|
| Menos de 6 años | 10 % |
| De 6 a menos de 50 años | Desde el 12 % (6 años), con 2 puntos más por cada año de duración, hasta el 98 % (49 años) |
| 50 años o más | 100 % |
Con unos activos fijos de 4.000.000 euros y una duración de 20 años, el 2 % anual da el 40 %, es decir, una base de 1.600.000 euros y, al 4 %, una cuota de 64.000 euros. En estas reglas la comprobación de valores propiamente dicha no cabe, salvo que se aplique el valor declarado, y tampoco la tasación pericial contradictoria, que se limita a los casos de comprobación de valores.
Tipo de gravamen, devengo y gestión
Las concesiones administrativas tributan al tipo aprobado por la comunidad autónoma donde deba liquidarse. En su defecto, y en las comunidades de régimen común y en Ceuta y Melilla, se aplica el tipo estatal: la concesión tributa como constitución de derechos al tipo de los bienes muebles, es decir, el 4 %.
El devengo se produce el día de realización del acto o contrato. En las concesiones demaniales, la autorización por plazo de hasta cuatro años con instalaciones desmontables se devenga en la fecha de la resolución que la otorga. Si excede de cuatro años o hay obras fijas, se necesita concesión, y se puede considerar realizada en la resolución de otorgamiento o en su formalización en documento administrativo.
En las concesiones de obras y de gestión de servicios públicos, el devengo se entiende producido con la formalización del contrato, que es cuando se perfecciona, salvo los contratos menores o basados en acuerdo marco, que se perfeccionan con la adjudicación. Si la resolución aplaza sus efectos con un término o condición suspensivos, el acto se entiende realizado cuando estos desaparezcan.
La autoliquidación debe presentarse en 30 días hábiles, o el plazo autonómico. Producido el devengo, nace la obligación de autoliquidar aunque luego se resuelva el contrato, que es una cuestión distinta del derecho a devolución. Si la nulidad, rescisión o resolución se declara por resolución firme, la entidad puede solicitar la devolución de lo ingresado.
Modificación y rehabilitación de la concesión
Solo tributa la modificación objetiva de la concesión administrativa que amplíe el contenido inicial y suponga un incremento patrimonial para el concesionario, que es el sujeto pasivo. La base es la diferencia entre el valor de la concesión ya ampliada y el de la primitiva, ambos calculados con las reglas principales o subsidiarias. El tipo supletorio es el 4 %. No hay devolución si se reduce la duración por cambio de la ordenanza, cuando supera el año.
La rehabilitación de una concesión administrativa en caducidad no es hecho imponible por sí misma, porque no equivale a constituirla. Solo tributa si supone una ampliación objetiva con incremento patrimonial. No cabe una interpretación analógica del hecho imponible.
Canarias, Ceuta y Melilla
En Canarias, las entidades sujetas al impuesto sobre sociedades con domicilio fiscal o establecimiento permanente allí están exentas por la adquisición de bienes de inversión e inmovilizado intangible. Para las concesiones administrativas exige destinarlas a operaciones realizadas en las islas, que sean amortizables, adquiridas en concurrencia competitiva y que figuren en el activo.
En Ceuta y Melilla se aplica una bonificación del 50 % de la cuota cuando la concesión recae sobre bienes, obras o servicios que radiquen, se ejecuten o presten en esas ciudades. Si excede de su ámbito, la bonificación se aplica a la parte de cuota atribuible a ellas.
Errores frecuentes y cómo evitarlos
- Aplicar solo la regla del canon cuando también hay bienes a revertir, que se suman.
- Usar el valor de nuevo o el contable en vez del valor neto contable con las tablas del impuesto.
- Capitalizar canon con prórrogas tácitas sin analizar cuántos años son de duración determinada.
- Olvidar los 30 días hábiles de autoliquidación desde el devengo.
- Pedir tasación pericial contradictoria o comprobación de valor en una regla subsidiaria.
En un cálculo con tantas variables, el servicio de valoración de empresas y activos ayuda a documentar el valor de cada elemento.
Conclusión
Calcular bien la base de una concesión administrativa requiere elegir las reglas adecuadas y documentar el plazo, el canon y los bienes a revertir. En LRB Tax & Legal revisamos cada cálculo antes de autoliquidar. El asesoramiento fiscal a medianas y grandes empresas incluye este análisis. Puede escribirnos a Contacto@LRB.es o llamar al +34 684 234 831.
Preguntas frecuentes
Se aplican primero las reglas principales: cantidad total, canon periódico capitalizado al 10 % si dura más de un año y valor neto contable de los bienes a revertir. Son acumulativas y se suman. Solo si no bastan, se acude a las reglas subsidiarias, que son excluyentes y se aplican en orden.
El aprobado por la comunidad autónoma. Si no existe, se aplica el tipo estatal para la constitución de derechos sobre bienes muebles, que es el 4 %. Esta regla vale en las comunidades de régimen común y en Ceuta y Melilla.
En las demaniales, el día de la resolución de otorgamiento o el de su formalización. En las concesiones de obra y de gestión de servicios, con la formalización del contrato, salvo contratos menores, que se perfeccionan con la adjudicación. Después hay 30 días hábiles para autoliquidar.
Sí, si es una ampliación objetiva que supone incremento patrimonial para el concesionario. La base es la diferencia entre el valor de la concesión ampliada y el de la primitiva, y se aplica el mismo tipo supletorio del 4 %. La rehabilitación de una concesión caducada no tributa por sí misma.
En Canarias, hay exención para entidades sujetas a sociedades cuando la concesión cumple varios requisitos, entre ellos ser amortizable y adquirida en concurrencia competitiva. En Ceuta y Melilla, se aplica una bonificación del 50 % de la cuota si los bienes, obras o servicios radican allí.
Contenido informativo, actualizado a octubre de 2026. No sustituye al asesoramiento individualizado.